En segundo término, existe una perspectiva que relaciona la pobreza con la incapacidad para satisfacer necesidades básicas tales como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda. En tercer lugar, es posible individualizar una posición que asocia la pobreza con una injusta distribución de la riqueza. Estas tres formas de entender el fenómeno de la pobreza creen encontrar en el reconocimiento de diferentes derechos los argumentos necesarios para exigir cambios en las políticas públicas, y se relacionan con diferentes modos de entender cuáles son las obligaciones estatales respecto de aquellas personas que se encuentran en condición de pobreza. De este modo, aquellos que relacionan la pobreza con la consiguiente limitación inadmisible de la autonomía personal o la libertad individual requerirán del Estado acciones tendientes a evitar o compensar esa pérdida de autonomía.
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